Cada vez nos llegan más noticias que nos hablan de los créditos de carbono, ¿tienes claro qué son?
Empecemos por el principio, la importancia del CO2. El dióxido de carbono, es fundamental para la vida humana, es un gas incoloro e inodoro que en su formulación está compuesto por dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono. En la naturaleza es el responsable de que árboles y plantas hagan la fotosíntesis. Y además funciona como una manta térmica natural, ya que atrapa parte del calor que emite el planeta después de recibir los rayos del sol. Es un gas que no es tóxico, pero el problema actual se establece en los volúmenes.
Estamos quemando millones de toneladas de combustibles fósiles entre carbón, petróleo, gas… y se inyecta mucho más CO2 del que las plantas o los océanos son capaces de absorber, por lo que estamos experimentando un calentamiento global en la actualidad. ¿Y en qué se nota? La temperatura media de la tierra ha aumentado en 1,2ºC en comparación con finales del siglo XIX y se están registrando de manera consecutiva desde hace diez años, las temperaturas más altas desde que se han podido cotejar. Los océanos también son clave porque absorben más del 90% del exceso de calor, y se demuestra que el nivel del mar ha aumentado 20 centímetros en el último siglo, debido al derretimiento de glaciares y a la expansión térmica del agua. También está cambiando el ph del agua del mar, ha aumentado la acidez en un 30% lo que dificulta la supervivencia de especies como los corales y moluscos con conchas.

Los créditos o bonos de carbono son un instrumento internacional que permiten a empresas y países compensar sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) invirtiendo en proyectos sostenibles, para que se pueda mitigar el cambio climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar las prácticas y un mercado global más eficiente.
Se penaliza, por lo tanto, a las empresas y países más contaminantes, que tienen como objetivo, reducir la huella de carbono lo máximo posible, para que puedan acercarse a las cero emisiones. Las empresas compran estos créditos para compensar o contrarrestar la totalidad o parte de su huella de carbono y tener finalmente un balance cero.
El primer acuerdo internacional frente al cambio climático, fue el Protocolo de Kyoto, que fue firmado en diciembre de 1997, donde se estableció el primer sistema de créditos de carbono. Permanecieron dos mecanismos que hoy en día se siguen usando: El CDM (Clean Development Mechanism) que permite a los países industrializados invertir en proyectos que reduzcan emisiones en países en desarrollo y el JI (Joint Implementation) que permite compensar a los países industrializados compensar parte de las reducciones gracias a proyectos que reduzcan emisiones en otros países desarrollados.
Le ha seguido el Acuerdo de París, que a diferencia de Kyoto que sólo ponía el foco en los países históricamente más contaminantes, es un tratado internacional adoptado en 2015 cuyo objetivo es para todos los países y busca coordinar esfuerzos globales. Entre lo que se ha firmado destaca, limitar la temperatura media mundial y que no rebase el umbral de 1.5ºC , que cada país se comprometa a diseñar y presentar un plan nacional para reducir los gases y hacer una revisión cada 5 años. Su otro punto pone el ojo en los países en desarrollo que necesitan apoyo económico para apoyarse en energías renovables, así que los países más contaminantes se comprometieron a dar fondos por un valor de 100.000 millones de dólares anuales. Y otro punto importante es conseguir la neutralidad de carbono para 2050.
En nuestro país, la legislación actual (Real Decreto 214/2025) obliga a las grandes empresas (más de 250 empleados y facturación superior a 40 millones de euros y/o activos totales superiores a 20 millones de euros) a calcular su huella de carbono y que elaboren planes de reducción, pero no hay obligación legal de compensarla. Sí es un requisito obligatorio si quieren sellos oficiales del MITECO (Ministerio de Transición Ecológica) o bien quieren concurrir a contrataciones públicas.
Europa, ha sido líder por tener el mercado regulado de carbono, más antiguo, más grande y más avanzado en comparación con otros continentes. La Unión Europea, posee dos legislaciones obligatorias y vinculantes, una para vehículos, que limitan la emisión de gases nocivos y de CO2 para los vehículos nuevos, es un adhesivo circular que clasifica los vehículos según su eficiencia energética y sus emisiones. Y para los sectores industriales, la UE, aplica un tope máximo vinculante a los gases de efecto invernadero.
En la actualidad (julio 2026), el precio del carbono ronda los 82 euros por tonelada de CO2 y su evolución se prevé que supere los 87 euros en 2027. Su máximo histórico, ha sido en febrero de 2023 cuando alcanzó los 105 euros por tonelada.
Un crédito de carbono equivale a una tonelada de CO2 que se ha evitado enviar a la atmósfera. Y ¿cómo funciona? Si un proyecto como la reforestación de un bosque, demuestra con una entidad certificadora que valida y mida esa reducción, emitiendo los créditos correspondientes, se ponen en disposición para que las empresas o gobiernos puedan comprar esos créditos para que puedan compensar su huella de carbono. Los mayores compradores globales, son China, Estados Unidos y la Unión Europea.

El mercado regulado es obligatorio por ley y su gestión está regulada por los países dando derechos o permisos. El objetivo es obligar a los sectores con mayores emisiones a reducir su impacto ambiental de madera obligatoria. El precio está determinado por la oferta y la demanda regulada y funciona como un sistema de límite (donde el gobierno se encarga de establecer un tope máximo de emisiones) y derechos de emisión (donde el gobierno distribuye o subasta una cantidad limitada de permisos de emisión siendo la equivalencia 1 crédito = 1 tonelada de carbono) y el intercambio posterior (donde las empresas que contaminan menos pueden vender su excedente a aquellas más contaminantes)
Los encargados de supervisar el mercado regulado son tanto los gobiernos como los organismos públicos bien nacionales o internacionales. El dinero finalmente va para fondos estatales o subastas de comercio.
El mercado voluntario de carbono, se mueve por voluntariedad de corporaciones que quieren mitigar la huella de carbono, así como para promover el cumplimiento de la neutralidad de emisiones. Aquí no hablamos por lo tanto de derechos de emisión, sino con créditos de carbono. Una entidad desarrolla un proyecto que pueda absorber CO2 como una reforestación que pueda ser auditado por un estándar internacional independiente que asegure que su reducción es real y medible. Después las empresas compran estos créditos para compensar sus emisiones y esos créditos se retiran para que no se puedan usar más.

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